Con recursos propios  el Municipio asumirá el gasto millonario por un excedente en subsidios de agua potable mal administrados. Este anunció se dio durante la última sesión ordinaria del Concejo Municipal, tras la resolución determinada por la Contraloría General de la República.

 El dictamen establece que el Municipio incurrió en un error administrativo, durante la gestión anterior, al aprobar un número mayor a lo permitido en beneficios, lo que generó una deuda con la empresa Aguas Araucanía. En este sentido, el informe concluye que “no procede que sea otra repartición la llamada a cubrir la diferencia generada entre lo autorizado y lo efectivamente gastado”. En consecuencia, la institución comunal debe cubrir más de 45 millones de pesos con fondos municipales.

Además, la resolución impone la obligación de resguardar el patrimonio municipal y respetar el principio de probidad administrativa. Por ello, se ha dispuesto la implementación de un procedimiento sumario disciplinario para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades. El municipio tiene un plazo de 20 días hábiles para informar a la Contraloría sobre las medidas adoptadas.

El alcalde Sebastián Álvarez Ramírez, se comprometió a cumplir al pie de la letra lo determinado. Asimismo, aseguró que “con la metodología que estamos implementando actualmente en el concejo, donde todo pasa por la comisión, vamos a mejorar mucho en trabajo y fiscalización. Esto nos dará un mayor control sobre la gestión municipal”.

En línea con la transparencia y la eficiencia en la administración de recursos, la Municipalidad de Pucón suscribió un convenio con la Contraloría. Esto permitirá programar auditorías con el ente fiscalizador y garantizar una administración transparente a la comunidad.

Durante la sesión del concejo, sus integrantes coincidieron en la necesidad de esclarecer los hechos y responsabilizar a quienes correspondan. Asimismo, manifestaron su preocupación por el impacto que esta situación tendrá en las arcas municipales, ya que los recursos podrían haber sido destinados a otras áreas prioritarias.

Este caso subraya la importancia de una gestión responsable y rigurosa, así como el compromiso para fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión comunal.